Anthony Pozo Barrera: "El costo económico del gobierno de Daniel Noboa, la factura del populismo financiero"

 

Prometió eficiencia y dejó déficit.
Prometió modernidad y entregó improvisación.
Prometió cuidar el futuro y comprometió el presente.
Ecuador merece un liderazgo que cumpla lo que predica, y no que cobre por sus promesas incumplidas.

 

Resumen ejecutivo

El presente documento analiza los costos económicos, políticos y morales de la administración de Daniel Noboa. A partir de fuentes oficiales y periodísticas, se estima que las pérdidas y gastos discrecionales superan los USD 3.700 millones, equivalentes al 2,5 % del PIB nacional. Las causas principales incluyen la crisis eléctrica de 2024, las importaciones energéticas, los contratos irregulares, las pérdidas del paro nacional de 2025 y la expansión de bonos con fines electorales. El texto argumenta que la gestión de Noboa representa una ruptura ética en el uso del presupuesto público, al convertir el gasto estatal en un instrumento de propaganda y control político más que en un vehículo de desarrollo.

Un país convertido en campaña

Ecuador atraviesa uno de los periodos más costosos y contradictorios de su historia reciente. El gobierno de Daniel Noboa Azín, que se presentó como el relevo tecnocrático y “eficiente” frente al viejo orden político, ha dejado una herencia económica que contradice sus propias promesas: más gasto, menos desarrollo; más propaganda, menos planificación.

En menos de dos años de administración, las decisiones improvisadas, los contratos irregulares y el uso político del gasto social han generado un impacto directo estimado en más de USD 3.700 millones, equivalente al 2,5 % del PIB nacional. Es un costo que no solo se mide en dinero, sino en confianza pública erosionada y credibilidad institucional perdida.

La crisis eléctrica: cuando el descuido se volvió política de Estado

El punto de quiebre ocurrió en abril de 2024, cuando los apagones eléctricos dejaron a oscuras al país durante semanas. El Banco Central del Ecuador (BCE) calculó las pérdidas totales en USD 1.916 millones, mientras el Ministerio de Finanzas reconoció que el impacto real pudo acercarse al 1,5 % del PIB.

La crisis reveló un patrón que se repetiría a lo largo del gobierno: despreocupación técnica, decisiones tardías y gestión de crisis sin planificación previa.

Durante meses previos, informes técnicos de CELEC y CENACE advirtieron la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas, la caída de los embalses y el riesgo de racionamientos. El gobierno ignoró las alertas y reaccionó cuando ya era tarde, anunciando “emergencias energéticas” como paliativo político.

En el plano económico, cada día de apagones representó más de USD 80 millones en pérdidas, un costo que recayó principalmente sobre el sector productivo y las microempresas. En términos humanos, significó hospitales sin energía, fábricas detenidas y familias que perdieron su sustento.

Dependencia energética: la factura de la improvisación

La falta de previsión obligó a Ecuador a importar electricidad desde Colombia. Entre enero y noviembre de 2024, el país pagó USD 267,5 millones en compras de energía, a un precio promedio de USD 0,25 por kilovatio hora, uno de los más altos del continente. Solo entre el 17 y el 30 de noviembre, el gasto ascendió a USD 36,6 millones.

Paradójicamente, el país que se jacta de tener una de las matrices hidroeléctricas más grandes de Sudamérica terminó dependiendo de energía extranjera por errores propios. La “soberanía energética” se transformó en una dependencia comercial que afectó las finanzas públicas y debilitó la confianza de los inversionistas.

Contratos cuestionados: el negocio de la emergencia

En medio del apagón, el gobierno recurrió a contratos de generación térmica de emergencia. Uno de los más emblemáticos fue el adjudicado a Progen S.A., empresa que, según la Contraloría General del Estado, generó un perjuicio económico de USD 100 millones, luego ampliado a USD 122 millones por informes de la Asamblea Nacional.

Los contratos presentaron sobreprecios, cláusulas discrecionales y falta de supervisión técnica. El Estado apenas recuperó USD 7,5 millones mediante cobro de garantías, una cantidad ínfima frente al daño total.

La lógica fue simple: cada crisis se convirtió en una oportunidad de contratación directa, y cada emergencia, en un terreno fértil para la opacidad. En total, según el SERCOP, solo en 2024 se emitieron 161 declaratorias de emergencia que dieron lugar a más de 400 contratos directos por USD 856,7 millones.

El paro nacional: el costo político de la soberbia

En septiembre de 2025, el Ejecutivo eliminó el subsidio al diésel sin diálogo ni consenso previo. La medida, aunque presentada como parte de un plan de “racionalización fiscal”, provocó uno de los paros nacionales más extensos de los últimos años.

Las pérdidas superaron los USD 100 millones, según cifras oficiales. El Ministerio de Agricultura estimó USD 20 millones solo en el sector agropecuario, mientras los gremios turísticos calcularon USD 2 a 2,5 millones diarios en daños. El país entero se paralizó: carreteras bloqueadas, exportaciones detenidas, escuelas cerradas.

Más allá del costo económico, el paro evidenció la ruptura del contrato social. Un gobierno que toma decisiones económicas sin diálogo, y luego reprime el descontento con gases y toques de queda, demuestra que la política pública se volvió un acto de imposición, no de conducción.

Gasto en represión: la otra cara del presupuesto

Mientras el país pedía soluciones, el Estado compraba granadas. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior adjudicó un contrato de USD 6,89 millones para 280.000 granadas lacrimógenas, destinadas a reforzar el control del orden público. Los informes de compras públicas muestran que los rubros de “seguridad interna” crecieron, mientras los presupuestos de salud y educación permanecieron estancados.

Buena parte de este gasto se mantiene bajo reserva, invocando razones de seguridad nacional. Pero el mensaje político fue claro: mientras faltaba inversión en producción, el gobierno apostó por el control.

Bonos electorales: dinero público, objetivos políticos

La expansión del gasto social fue presentada como “justicia redistributiva”, pero su calendario y su estructura revelan otra intención.

Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, el gobierno lanzó o amplió al menos ocho programas de transferencias —Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción, CATTA, Reactívate Emprendedor y Bono Raíces, entre otros— con un costo combinado de USD 1.300 millones.

Los decretos que crearon o extendieron estos bonos coincidieron exactamente con los meses de campaña presidencial:
- Jóvenes en Acción se amplió tres semanas antes del balotaje del 13 de abril de 2025.
- Ecuatorianos en Acción y CATTA se anunciaron entre el 22 y 27 de marzo, en plena campaña.
- El Bono Raíces, de USD 1.000 por agricultor, se lanzó el 15 de septiembre de 2025, tres días después de eliminar el subsidio al diésel y dos meses antes de la consulta popular.

La proforma 2025 asignó USD 1.909 millones a bonos y transferencias, un aumento del 23 % respecto a 2024. Estas cifras —difundidas por Primicias y Expreso— revelan una tendencia: el gasto social creció donde más votos había que recuperar.

No se trató de política social sostenible, sino de populismo financiero: usar transferencias estatales como herramienta de fidelización electoral. Un mecanismo que genera apoyo inmediato, pero que no resuelve pobreza estructural, ni crea empleo, ni fomenta producción.

El costo total: una economía al servicio de la propaganda

Sumando los efectos de la crisis eléctrica, las importaciones, los contratos irregulares, el paro nacional, los bonos electorales y las contrataciones discrecionales, el costo económico directo del gobierno de Noboa supera los USD 3.700 millones.

Esa cifra equivale a:
- El doble del presupuesto anual del Ministerio de Educación.
- El 100 % de la inversión pública en salud durante un año.
- O 20 hospitales regionales totalmente equipados.

Cada dólar gastado en improvisación o propaganda fue un dólar menos para infraestructura, innovación o empleo. Y cada medida populista profundizó el déficit moral del poder.

La factura moral

El legado de Noboa no es solo económico. Dejó un país dividido, una institucionalidad debilitada y una ciudadanía escéptica ante el valor de su propio voto.

En términos lakoffianos, su gobierno rompió la metáfora central de la república: el Estado como hogar compartido. En lugar de cuidar lo que es de todos, administró como quien vacía la despensa para ganar un aplauso.

“Gobernar no es gastar, es proteger.” Y cuando quien gobierna gasta para mantenerse, la nación entera termina pagando su reelección.

Cifras clave

• Pérdidas por apagones: USD 1.916 millones (BCE).

• Importaciones energéticas: USD 267,5 millones (CENACE).

• Contratos térmicos irregulares: USD 122 millones (Contraloría/Asamblea).

• Pérdidas por paro nacional: ≥ USD 100 millones (Gobierno/MAG).

• Bonos y transferencias electorales: ≈ USD 1.300 millones (Proforma 2025; Primicias/Expreso).

• Contrataciones por emergencia: USD 856,7 millones (SERCOP).

• Costo total estimado: > USD 3.700 millones (≈ 2,5 % del PIB).

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Sobre el autor: Anthony Pozo Barrera es un Economista ecuatoriano graduado de la Universidad Central del Ecuador, es Magister en Economía del Desarrollo por FLACSO-Ecuador e investigador independiente. Actualmente cursa un Doctorado en Economía del Desarrollo en FLACSO-Ecuador. Es autor de artículos académicos publicados en revistas indexadas locales e internacionales. Sus líneas de investigación son: teoría monetaria con énfasis en regímenes monetarios dolarizados, dinámicas productivas, evaluación de impacto, economía política del desarrollo y política industrial. Es Profesor Titular del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Quito - Ecuador.

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Fuentes consultadas

Banco Central del Ecuador (BCE), Informe macroeconómico, abril 2025.

Ministerio de Finanzas, declaraciones oficiales, diciembre 2024.

CENACE, Reporte de importaciones energéticas, enero–noviembre 2024.

Contraloría General del Estado, Examen especial CELEC–Progen, julio 2025.

Asamblea Nacional, Comisión de Fiscalización, informe agosto 2025.

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Comunicado oficial, 7 octubre 2025.

Secretaría General de Comunicación, anuncio oficial del “Bono Raíces”, 15 septiembre 2025.

Primicias.ec, Proforma 2025: bonos y transferencias sociales.

Expreso.ec, Los 14 beneficios del Gobierno suman más de USD 518 millones en plena campaña, marzo 2025.

El Universo, Bonos y programas sociales antes del balotaje presidencial, marzo 2025.

SERCOP, Reporte anual 2024 sobre contratación pública.

El Oriente.com, Pérdidas económicas por paro nacional, octubre 2025.

Fotografía del artículo tomada por Wakko.