Amaranta Contero Galarza: “El CIADI, crónica de una muerte anunciada. El teatro de la “reivindicación y la imparcialidad”

 

La vulneración de la soberanía de los Estados ha sido un efecto implícito de los múltiples acuerdos y convenios internacionales apadrinados por los organismos multilaterales como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son consecuencia, de los gobiernos de tinte neoliberal quienes se han adherido a sus disposiciones desde hace algunas décadas. Asimismo, y con sus acciones, paulatinamente han retornado y se han reflejado en la realidad nacional como consecuencia de las políticas adoptadas por el gobierno de Guillermo Lasso. Las cuales progresivamente se han diversificado en función de los intereses de los grandes capitales y la defensa de los intereses empresariales y multinacionales que han realizado inversiones en el Ecuador o que desean hacerlo.

El pasado 21 de junio de 2021, la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, firmó el convenio de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que adhiere nuevamente al Ecuador al CIADI. Este convenio fue firmado por primera vez en 1986 y disuelto en 2009. El Centro Internacional de Arbitraje es un ente internacional de mediación de inversiones internacionales consolidado por el Banco Mundial. Por tanto, tiene como uno de sus principales justificativos, para que los Estados formen parte de este centro, proporcionar "imparcialidad" para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir entre las multinacionales y los Estados.

El discurso, que se quiere promover con la suscripción a este acuerdo, es que el Ecuador se encuentra en la incapacidad jurídica de resolver conflictos y diferencias con las empresas que realizan inversiones dentro de nuestro territorio. Esto sucede porque “no existe imparcialidad en los órganos judiciales”. Lo lamentable es que para que el Ecuador pueda suscribirse a un acuerdo o tratado internacional, existe un proceso institucional específico bajo el cual se afianza la adhesión a estos. Es ahí donde la Corte Constitucional debía intervenir. Para lo cual, se le otorgó 8 días hábiles para efectuar su pronunciamiento en torno a la firma de este acuerdo.

Ha pasado casi dos meses y la información que se maneja en torno al convenio con el CIADI ha sido manejada con bajo perfil. Es algo bastante característico de este gobierno, en el que la toma de decisiones son fraguadas bajo la mesa como una práctica común de aquellos que solo buscan defender los intereses de las minorías más acaudaladas y precautelar la integridad de “sus amigos”. Todo a costa del bienestar y la transgresión de los derechos del pueblo quienes, lamentablemente y por la invisibilización de los medios de comunicación, desconocen la magnitud de estas decisiones gubernamentales.

Se hace hincapié, en esto, porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional validó la acción tomada. Es decir, el Ecuador nuevamente forma parte del CIADI. Lo cual resulta paradójico, ya que según la Constitución del Ecuador en su artículo 419 expresa que la Asamblea Nacional debe intervenir en la ratificación o denuncia de estos acuerdos internacionales bajo una serie de criterios que justifican. Sin embargo, el argumento del dictamen señala que no es necesaria la intervención de la Asamblea Nacional para la aprobación de este acuerdo, ya que el CIADI no responde a ningún apartado de la Constitución.

Específicamente, a esto me refiero con que es una “crónica de una muerte anunciada”. Si uno hace memoria del daño que el CIADI significó en las decisiones de un Estado, y particularmente el nuestro, comprende porque en el 2009 se disolvió este acuerdo. Solo hay que recordar el caso Perenco y Burlinton, que perjudicaron al patrimonio estatal con los rubros a pagar por las respectivas demandas. Porque eso es lo que significa la intervención del CIADI como “agente de arbitraje y mediación” en su máxima expresión no posee ningún rasgo de imparcialidad, al contrario, de lo que tanto pregona, ya que siempre han privilegiado los intereses de las multinacionales y empresas extranjeras, sobre los derechos de la naturaleza y el bienestar colectivo.

No es concebible que las decisiones de un Estado estén a la merced de las condiciones de multinacionales y los organismos multilaterales. Sin embargo, está más que claro que los últimos 4 años esta fue la lógica a la que se redujo la forma de gobernar, ligada a los principios neoliberales. Además, con el CIADI dentro del juego político, será más sencillo la ejecución de acuerdos y planes previos que promulgan las privatizaciones de empresas públicas. Porque como se ha contemplado, el Estado se está convirtiendo en un instrumento de caos. Actualmente, se está limitando a propiciar condiciones que permitan adecuar el escenario nacional para que los intereses privados sobrepongan sus condiciones sobre la legislación local.

El discurso demagógico, de que la firma del Convenio con el CIADI se traducirá en inversión extranjera, es solo un aliciente embustero que derivará en la vulneración de nuestra legislación, de la incapacidad de adoptar decisiones autónomas. Ya que existe alta probabilidad que el incumplimiento de contratos pueda generar pérdidas millonarias al Estado ecuatoriano. Es decir ¿dónde está lo beneficioso de este acuerdo? esto solo pone en jaque la posibilidad de efectuar acciones autónomas.

En breves palabras, este acuerdo solo es un instrumento que dejará impune las futuras transgresiones de estas multinacionales a la integridad del país. Pues, atarán de manos las decisiones gubernamentales, privilegiando los intereses multinacionales sobre el bienestar colectivo. En definitiva, parece que es más sencillo para el gobierno realizar indemnizaciones privadas a responder sobre las carencias y falta de cumplimiento con los demás actores de la sociedad que si requieren de su intervención.

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Sobre la autora: Amaranta Contero Galarza es Socióloga graduada de la Universidad Central del Ecuador, militante feminista. En la actualidad es asistente de investigación y estudiante de la Maestría de Sociología Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador.