Los maestros de la Unión
Nacional de Educadores (UNE) llevan un mes en huelga de hambre. Los docentes
exigen la defensa de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI). En ese sentido, los profesores exigen dialogar con el Presidente
Guillermo Lasso y este se ha negado a atenderlos. Por otro lado, piden a la
Corte Constitucional que priorice la resolución de la demanda de
inconstitucionalidad a las reformas aprobadas y publicadas en el Registro
oficial. Empero, las instituciones gubernamentales señalan que no existe el
financiamiento para cumplir con lo que se dispuso en la Ley.
Son más de 80 docentes que
empezaron la huelga de hambre en 12 de las 24 provincias del Ecuador. La Unión
Nacional de Educadores anuncia que seguirán en protesta hasta que la Corte
Constitucional se pronuncie. Entre las medidas que defienden los profesores se
encuentra el incremento a 1.067 $ de su salario y otros beneficios en su
jubilación. El sector organizado de los maestros presentó dos demandas de
inconstitucionalidad por no tener fuentes de financiamiento para cumplir con lo
que dispone la normativa. En ese sentido, los educadores señalan que es
cuestión de voluntad política incluir los presupuestos necesarios para la
educación del país. Sin embargo, se sabe que el modelo neoliberal que abandera
Guillermo Lasso alienta la reducción de presupuesto para los sectores como
educación, salud, entre otros.
La salud de los maestros que
están en huelga de hambre está más deteriorada. En Quito los pedagogos Elvis
Moreira y Dorita Morocho sufrieron una descompensación en su salud y su estado
es delicado. Ahora bien, ante la negativa del Estado por atenderlos, otros
sectores de la sociedad civil decidieron apoyar a los educadores. El Frente
Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una movilización en solidaridad con la
UNE. La movilización será el día 11 de agosto y el gobierno ya anunció
respuestas y el uso de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes.
Asimismo, la Defensoría del
Pueblo (DP) presentó un Amicus Curiae en respaldo a las reformas de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural. Zaida Rovira, representante de la DP,
mencionó que debe tomarse en cuenta la preocupación de la comunidad educativa,
los alumnos y demás ciudadanos desprotegidos.
Por otro lado, una crítica
pertinente, a la falta de recursos para cumplir con la LOEI, es que el Fondo
Monetario Internacional desembolsa dinero constantemente al Estado ecuatoriano.
Sin embargo, esos recursos no son invertidos en los sectores como la educación
y salud. El sector educativo se pregunta ¿en qué se invierten los recursos del
Estado? ¿Por qué la educación de las y los niños ecuatorianos está siendo
abandonada? ¿Por qué no se cumple con las disposiciones de la LOEI?
Las movilizaciones -que
habrá esta semana- son una muestra de la inconformidad de los ecuatorianos
frente a un gobierno que llamó al diálogo al inicio de su mandato, pero que
mira para otro lado cuando hay protestas sociales. La ciudadanía se pregunta ¿por
qué cuando los sectores de clase media alta protestan son válidos sus reclamos,
pero cuando protestan las clases medias bajas no? y ¿Por qué el Estado recibe a
los grupos empresariales en Carondelet pero no a los representantes de la UNE?
Van tres meses del gobierno
de Guillermo Lasso. Los medios de comunicación invisibilizan las acciones de
protesta social. A su vez, dan difusión a las acciones “positivas” como el plan
de vacunación. Primero, urge señalar que la vacunación es una obligación por
parte del Estado y los recursos con que se está vacunando son de toda la
ciudadanía. Segundo, a los sectores empresariales les conviene que la población
esté vacunada para la reactivación de la economía.
En conclusión, en tres meses
del gobierno de CREO, se evidencia que el interés principal ha estado enfocado
en la economía y no en las necesidades sociales. La lucha de los maestros es un
ejemplo de cómo los derechos ciudadanos vienen siendo vulnerados desde el
gobierno de Lenín Moreno y, ahora, con Guillermo Lasso se siguen perpetrando. Ante
esta situación de abandono estatal, la lucha popular es la respuesta. Muchos
sectores de la sociedad civil tienen pugnas con la Unión Nacional de
Educadores. No obstante, han decidido bajar banderas para apoyar a quienes día
a día forman a los niños y jóvenes en busca de ciudadanos críticos y con conciencia
social. Probablemente, desde esta semana, se inaugure un nuevo ciclo de
protestas sociales en defensa de la vida y en contra de las políticas de
precarización del neoliberalismo que representa Lasso.
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