La crisis penitenciaria
es, sin duda, uno de los problemas más grandes con los que tiene que combatir -el
gobierno derechista de- Guillermo Lasso. El hacinamiento, las matanzas, los
motines y la violación de derechos humanos es pan de cada día, y responden a la
realidad del sistema de cárceles en nuestro país.
El hacinamiento es
consecuencia de la mala utilización de la prisión preventiva; sin embargo, en
el contexto constitucional establece las garantías básicas a observar en el
proceso penal. Especialmente, la “Ultima Ratio” que es la condición establecida
por la doctrina penal, en donde el Estado la utilizará como último recurso para
precautelar los bienes jurídicos; siempre que, se pueda demostrar que otras
medidas son insuficientes y por lo tanto acogernos a ese recurso.
Los medios de
comunicación tienen un papel fundamental en la difusión de noticias que hacen
crecer el miedo en la sociedad. Gabriel Kessler lo cataloga como "el
sentimiento de inseguridad" especificando a los medios audiovisuales como
los responsables de generar miedo al ser sensacionalistas. En consecuencia, se
transforman en noticias de inseguridad, fragmentación en los relatos y la
imagen del delincuente joven, varón y pobre llegando así a la criminalización
de la pobreza que se derivan, por un lado, del acoplamiento de un modelo
neoliberal acorde a la reestructuración de los mercados económicos y, por otro
lado, un proceso de construcción social
de las clases marginales como delincuentes y el resultado de la decadente falta
de estructura e inversión en el país.
Guillermo Lasso nos
habla de “mano dura para combatir a la delincuencia organizada”, escuchándose
de manera heroica pero recayendo en el "Populismo Penal" que son
usados de manera oportunista y sin una pizca de política criminal con el fin de
desaparecer coyunturas. Asimismo, los medios de comunicación -que responden a
los intereses del gobierno de turno-tienen un papel fundamental. Estos difunden
el sentimiento de inseguridad y, ahora, lo harán de manera opuesta cuando existan
soluciones populistas van a cambiar totalmente el discurso y venderán -lo que
yo catalogo- como “la falsa seguridad”. Esto es aumentar la rigurosidad en las
penas, se creará la ilusión que entre más detenciones realiza el Estado, más
seguridad existe en el país. Y, por el contrario, la verdadera cara del
conflicto revelará: el hacinamiento, detenciones arbitrarias ilegales,
violación de derechos humanos, entre otras.
Lo que el Estado
Ecuatoriano debe hacer para tratar de combatir esta problemática social es:
• Inversión
social, fomentar políticas de educación, sanidad, y todo lo concerniente a la
creación de oportunidades para la sociedad.
• Nombrar
directores de las cárceles que conozcan de este fenómeno criminológico y no a
un militar que va a solucionar todo con violencia.
• No
mezclar a los presos, por la misma razón en la que las cárceles se han
convertido en una escuela del crimen.
• Impulsar
una verdadera reforma de justicia.
• Impulsar
un verdadero proyecto de rehabilitación social.
• Usar
a la prisión preventiva como medida de última ratio, los fiscales no deben mal
utilizar esta medida ya que debido a esta tenemos una sobrepoblación en las
cárceles de nuestro país.
En conclusión, el Estado tiene una dura
batalla contra esta crisis: el hacinamiento, las matanzas, las múltiples
violaciones de los derechos humanos van a seguir, siempre que la respuesta esté
en la línea del populismo penal. ¡Hay que restructurar el sistema penitenciario
mediante verdaderas políticas públicas para mejorar en un futuro esta
situación!
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Sobre
el autor: David Pérez es estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, presenta uno de nuestros programas de análisis
político llamado "Sin
Tapujos".
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