El
18 de octubre de 2021 dos sucesos conmocionaron al Ecuador. El primero, el inicio del paro nacional campesino convocado
por diferentes organizaciones sociales de campesinos. Los manifestantes
cerraron las vías en Guayaquil, Babahoyo, Guaranda, Quevedo y Daule. La razón por el cierre de las vías fueron:
la estabilización del precio de los combustibles, la falta de atención al
sector agrícola y el alza del precio del arroz. El segundo suceso, estrechamente ligado con el primero, fue el decreto de Estado de Excepción por parte
del presidente Guillermo Lasso. ¿La excusa? Dotar de fuerza a los policías y
militares para combatir la delincuencia.
Sin
embargo, el descontento popular, en
contra de las políticas neoliberales de Guillermo Lasso, se está acumulando. En ese marco, el presidente de la república
sabe que su estabilidad en el poder pende de un hilo. Primero, su gobernabilidad tambalea ya que no cuenta
con una mayoría en la Asamblea y, en ese sentido, se le dificulta agilizar sus leyes. Segundo, porque ya no cuenta con legitimidad y respaldo
popular como al inicio de su mandato.
Naomi Clein sugiere en su libro “la doctrina
del Shock” que, en tiempos del
retorno neoliberal, los estados usan -dentro
de su discurso- el fenómeno de la inseguridad. De esa manera, se configura una sensación de indefensión
por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación contribuyen a alimentar
el pánico. En efecto, los Estados
proponen la securitización como respuesta a los problemas delincuencias que,
sin duda, son provocados por las brechas
de desigualdad generadas por el propio neoliberalismo. En ese estado de
cosas, los gobiernos imponen estados de excepción.
Así, se otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y a la Policía
para vulnerar los derechos elementales de la ciudadanía.
En
ese sentido, Lasso utiliza el recurso
del temor para sostener su gobierno. Sabe el presidente que ya se acabó el
apoyo obtenido por el plan de vacunación y, de aquí en adelante, tendrá que
sostener su imagen con “obra pública”, empero, se sabe que es nula. Sin embargo,
la agenda económica, que imponen
desde Washington –FMI-, no puede detenerse.
Por tanto, normativas como la “Ley
Creando Oportunidades” –desde la perspectiva de Lasso- tiene que ser aprobada. Incluso, amenazó utilizar el recurso de la muerte cruzada en caso de no encontrar
respaldo en el legislativo. En consecuencia, y ante su falta de estabilidad
política y legitimidad popular, el
gobierno busca gobernar por medio de prácticas totalitarias. Es decir, se introduce un discurso de intento de
desestabilización política. Asimismo, se
etiqueta de vándalos y golpistas a las personas que protestan en contra del
régimen y, en efecto, la sociedad civil y los manifestantes se convierten en
los enemigos del Estado y de la fuerza pública.
En un país democrático la protesta social es un
derecho constitucional. Sin embargo, los gobiernos neoliberales olvidan que
fueron elegidos en democracia y utilizan sus poderes ejecutivos para imponer
modelos políticos de represión. En consecuencia, aprueban políticas económicas
por las cuales no fueron elegidos y, al
darse cuenta del descontento social que provocan, blindan su permanencia en el
poder usando a la fuerza pública. Guillermo Lasso llegó al poder tras manejar
–demagógicamente- un discurso del diálogo con diferentes sectores sociales. No
obstante, el diálogo no es fructífero porque su gobierno defiende los intereses
de las élites y no de las grandes mayorías. Así, entonces, el grueso de la población no se identifica con las medidas antipopulares
de este gobierno. Como respuesta: diferentes procesos de organización sindical,
estudiantil e indígena se están gestando.
Ahora
bien, la correlación de fuerzas
políticas aún está muy inclinada hacia la defensa de los intereses de las
élites. El gobierno y los grupos empresariales cuentan con la fuerza pública
para su protección. Por otro lado, la sociedad civil añora el paro de
octubre de 2019 como símbolo de lucha y resistencia. Empero, las condiciones
materiales y organizativas no presentan un grado de desarrollo importante como
para sostener un paro nacional de la magnitud de octubre. En ese sentido, el gobierno de Lasso da un paso adelante al
decretar el Estado de excepción. Es decir, detiene las condiciones normativas
para que las personas se organicen y puedan hacer uso de las protestas sociales
de calle. No obstante, hay dos
posibilidades: la primera, el estado
de excepción impide que la gente siga protestando y acumulando organización
para demostrar su inconformidad. La segunda, el estado de excepción provoca malestar en la ciudadanía y es el
detonante para empezar un largo proceso de lucha colectiva.
En conclusión, el escenario político está tenso. Las élites saben que no es fácil imponer las leyes que los benefician y el gobierno intenta aprobarlas sin importar las consecuencias. Por otro lado, la ciudadanía es consciente que si no lucha en las calles se perderán los derechos laborales que tomaron más de un siglo de conquista. En ese sentido, la lucha de clases se hace evidente. Por un lado, se encuentran los grupos empresariales apoyados por el Estado y la Fuerza Pública. Por otro, las clases populares que intentan defender con dignidad sus derechos humanos y laborales. Esto ocurre mientras, en el mundo, la agenda política internacional profundiza los programas neoliberales; expectantes de que en Ecuador ocurra lo mismo. Una vez más, ¡la lucha es la respuesta!
Caricatura facilitada por: Zinecdoc/Apxel.
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Sobre el autor: Ni fu, Ni fa ¡El debate
acá! Es un medio de comunicación digital. Nuestro periodismo está enfocado en
los fenómenos políticos coyunturales en el Ecuador. Asimismo, consideramos que
el debate y el diálogo son herramientas críticas para la construcción de una
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