Joselyn Mayorga Salazar: "Vivimos por los campesinos, mismos que el gobierno tiene agonizando" -Ni fu, Ni fa, N°2-
La
negativa popular, a las políticas impulsadas por Guillermo Lasso, han sido más
que evidente en los últimos meses. No es secreto que Lasso llegó al poder a
costa de discursos de odio usando, a su vez, la justificación de Moreno: “Todo
es culpa de Correa”. A lo largo de estos meses, a través de los medios de
comunicación tradicionales, se habló del impacto positivo que tendría el
proceso de privatización de las empresas públicas, bajo supuestos de ineptitud
e ineficiencia. De igual manera, hemos
observado cómo se han defendido todos los nefastos decretos expedidos desde el
ejecutivo en pro de la empresa privada y la precarización de la vida.
Pero
¿Qué pasa específicamente con el sector
campesino y agricultor en el Ecuador? Sabemos que las medidas impulsadas por el
régimen, así como las propuestas de campaña y plan de gobierno, no fueron más
que una estrategia para alcanzar el sillón presidencial. Por ejemplo, aquellos
ofrecimientos de brindar créditos a 30
años plazo al 1% de interés para pequeños productores del sector agropecuario;
congelar los precios de los productos en relación directa a los costos de
producción; el refinanciamiento o perdón de deudas y prestamos adquiridos de
hasta 1000 dólares, etc. resultaron ser parte del discurso con el que Lasso se
palanqueó. Asimismo, utilizó recursos similares a los de los políticos que
lo precedieron: solo vieron en la población votantes. Su estrategia es utilizar
las necesidades del electorado y luego dejarlos en el olvido. La lista de propuestas desde el ejecutivo
hacia los agricultores es amplia y extensa: la construcción de caminos
vecinales, concesiones para la movilidad de trabajadores, devolver la tierra a
quienes la trabajan, democratización del acceso al agua entre otras. Suena bien
¿verdad?, pero ¿qué pasa cuando no trasciendes de una reunión en un complejo
agro turístico?, pues, evidentemente, tendrás la reacción de aquellos a los que
dejaste en el olvido. O, dicho de otro modo, estallido social es la respuesta
Las condiciones de los
pequeños campesinos y agricultores -en el territorio ecuatoriano- son complejas.
Si salimos un poco de nuestra realidad de Supermaxi y pensamos de donde
proviene la comida que llega a nuestros mercados; aquella naranja que tenemos
entre manos nos va a llevar a una pequeña parcela de tierra en algún rincón de
la costa ecuatoriana. Un lugar donde un pequeño agricultor adquirió un préstamo
en un banco o cooperativa para sembrar, entre otros productos, esa naranja.
Además, trabajó la tierra con su familia, se enfrentó a contratiempos climáticos
y, finalmente, cuando llegó el tiempo de la cosecha y de recuperar lo invertido
llegó un comprador que por todos los meses de trabajo le ofreció apenas 5$ por
100 naranjas. Y claro, aquel valor a pagar desciende inmediatamente si al
comprador le corresponde sacar las naranjas al camino de primer orden porque
consideremos que el lugar donde se ubica el agricultor está a, no menos, de 30
minutos de camino.
La misma vivencia, de
aquel agricultor que produjo naranjas, es la que viven un sin número de
agricultores en la costa ecuatoriana. Pensemos en aquella
mandarina, en aquel arroz que tenemos cocinando en la olla, aquel mango que
esperamos con ansias durante 10 meses, y cualquier producto en general que
venga de la costa. Estos productos tienen detrás todo lo narrado anteriormente.
Ser un pequeño agricultor,
necesariamente, significa defender tus tierras porque son tu sustento de vida.
Asimismo, disputar con grandes bananeras que privatizan y contaminan los
afluentes hídricos. Por otro lado, representa
adquirir deudas –en algunos casos- por fuera de bancos y cooperativas para iniciar
un nuevo proceso de siembra; una vez que lo ya producido y vendido no logró
cubrir la deuda que adquiriste.
Con
lo narrado anteriormente, establecer una tabla que permita a los pequeños
productores fijar los precios de comercialización de productos no debió ser
tratado desde el gobierno como un eufemismo. Las condiciones de vida de miles de familias que trabajan la tierra dependen de la producción agrícola que sale de
ella. Sin embargo, poco o nada le importa al gobierno central sostener o
dignificar la vida de los pequeños agricultores, atender sus denuncias y
demandas. Para el poder es más conveniente seguir sosteniendo el monopolio
bananero y así mantener el modelo agroexportador. Un modelo que se fundamente
en los bajos costos de la mano de obra. La
visión del gobierno es son las grandes empresas las que sostienen el país. Por
el contrario, se le olvida que son los pequeños productores los que alimentan
al alma obrera de cada ciudad.
El incumplimiento de
palabra por parte del ejecutivo y el poco interés que este tiene en dignificar
las condiciones de los pequeños agricultores es más que evidente.
Por ello, crece la indignación y la rabia al observar que en lugar de atender
aquellas promesas de campaña, se imparten medidas que benefician a los
monopolios empresariales. La rabia se
traduce en demandas cómo: una vía o un camino para sacar tus productos en la
camioneta comunitaria. Como respuesta gubernamental: liberación de los precios
de los combustibles y encareciendo el precio de la gasolina.
Los
reclamos del sector campesino son claros y se enuncian fuerte y
contundentemente en contra de “la
falta de sensibilidad y la falta de coherencia de este gobierno”. Tomarse las calles y caminos de primer
orden es la única opción que ellos encontraron en medio del silencio por parte
del estado después de escuchar sus necesidades. Lasso prometió que haría respetar los precios de sustentación de
los productos agrícolas. Lasso les mintió a los campesinos y no regresó.
La realidad de los
campesinos y agricultores escapa muchas veces a lo que dentro de las grandes
ciudades observamos. Nos encontramos frente a dinámicas de explotación,
círculos de violencia, precarización, relaciones sociales completamente
asimétricas y basadas en prácticas coloniales. Las
condiciones de trabajo son otra historia y, muchas veces, presentan realidades
desgarradoras. Hablar de un Ecuador, que lo tiene todo en tanto producción de
comida, también es hablar del desentendimiento del estado por hacer algo para
que esos alimentos no vengan de situaciones de precarización.
Es necesario hacer un
llamado al estado a cumplir su palabra y dejar de atacar al pueblo con cada
decreto que expide. También urge, y es crucial, tomarnos las calles para
reclamar el derecho a una vida digna.
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Sobre
la autora:
Joselyn Mayorga Salazar es quiteña peleada con el pensamiento de hacienda
reinante. Es feminista de izquierda, militante en la Colectiva Feminista
"Las Matildes", activista en pro de la toma de los espacios públicos.
Es Politóloga por la Universidad Central del Ecuador y actualmente es becaria
en el Programa de Formación Sociopolítica para Liderazgos Progresistas de FES-
ILDIS.
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