Mersault, en la novela el extranjero
de Albert Camus, fue condenado por asesinar a un árabe. No obstante, su juicio
-que se suponía dentro de las reglas del juego del mundo moderno- fue orientado
por los estatutos de la moralidad cristiana. En ese sentido, no se juzgó al
protagonista por disparar en repetidas ocasiones sobre el cuerpo del árabe, ya
sin vida, sino que se condenó al hombre por no haber llorado en el funeral de
su mamá.
Pero, ¿hasta qué punto los estados
modernos defienden la vida? En este artículo se tratará de responder, en la
medida de lo posible, la siguiente interrogante. El 19 de enero de 2022 el Cabo
Santiago O. fue condenado a una pena de tres años y 4 meses de prisión. Su
delito asesinar a un presunto delincuente propiciándole 13 balazos por la
espalda. El hecho viola todo tipo de proporcionalidad del uso de la fuerza, en
función de que el asaltante no portaba arma de fuego. Además, bastaba solo con
un desarme al “delincuente” y una aprehensión correcta para culminar el
ejercicio policial. Empero, Santiago O. descargó toda su arma sobre el cuerpo,
ya sin vida, de una persona.
La opinión pública ecuatoriana se
encuentra indignada por la sentencia a Santiago O. Si lo que indigna a la
población es el hurto y no el asesinato, significa que en nuestros imaginarios
lo que importa es la propiedad por encima de la vida. Esta es una de las premisas
máximas del capitalismo. Marx decía que la desvalorización del mundo humano
crece en relación directa con la valorización del mundo de las cosas. La
modernidad tiene en su cumbre máxima la propiedad. Sin propiedad -dentro del Estado moderno- no hay
organización de la vida, sin organización de la vida no hay estado y sin estado
no hay policía. Por su parte, el sociólogo alemán Max Weber, sugería que en los
estados modernos la policía tiene el monopolio legítimo del uso de la
violencia. Es decir, la fuerza pública tiene la posibilidad de hacer uso de la
violencia si se rompen las reglas del juego dentro de un mundo regido por la
propiedad.
Sin embargo, el escenario no siempre
es el mismo. La policía está atravesada por estructuras de dominación racistas,
clasistas y patriarcales. Así, entonces, un policía detona su arma cuando el
asaltante es negro, pobre o una persona de la población LGBTIQ+. Si el
delincuente hubiese sido un cleptómano blanco, de clase alta y heterosexual,
sin duda, el policía le respetaría su vida. Porque cuando un rico roba, no
importa, se va al psicólogo. Cuando lo hace un pobre afronta todo el peso de la
ley, incluso puede pagarlo con su vida. Las reflexiones de Judith Butler,
también, pueden ser pertinentes en este análisis. La autora señala que en los
estados neoliberales se han configurado dos tipos de cuerpos: “los que importan”
y “los que no importan”.
Los cuerpos que importan son
aquellos de las personas que tienen propiedad y la posibilidad de consumir
dentro de la sociedad de mercado. Los cuerpos que no importan son los cuerpos
desechables por el sistema. Aquellos que no tuvieron la posibilidad de ingresar
al sistema capitalista, por tanto, su posibilidad de consumo se ve reducida.
Estos cuerpos, que no importan, son desechables para el Estado. En
consecuencia, no son sujetos de asistencia social, educativa, médica y son
constantemente agredidos por las fuerzas represivas del Estado. La modernidad
capitalista tiene un canon del sujeto que puede habitar sus ciudades. Son
privilegios invisibles que se refuerzan en el acceso a los servicios sociales y
en el trato con las autoridades.
Por otra parte, la desigualdad
social que ha incrementado en el Ecuador es una problemática estructural que no
puede ser obviada. Las cifras de desempleo y subempleo aumentan. Muchas personas
han optado por el camino del robo porque sus familiares no tienen que comer. En
definitiva, mientras haya personas que no tienen para alimentar a sus familias
la delincuencia no se terminará asesinando a los “delincuentes”. A
problemáticas estructurales, respuestas estructurales. Pero mientras gobierne
un presidente defensor del capitalismo financiero ese escenario no se va a
cumplir. Por tanto, no se puede permitir que la policía obtenga licencias para
asesinar a mansalva a la ciudadanía. Quizá sea un mecanismo para poner fuero policial
y, de esa manera, cubrir los asesinatos de la fuerza pública. Mismos que en un
futuro podrían asesinar dirigentes sociales, activistas y personas de la
sociedad civil.
La banalidad del mal, según Hanna Arendt,
es la excusa donde se refugian las personas que trabajan para estados represivos.
Ellos pierden todo tipo de racionalidad y sensibilidad humana. A cambio
obtienen la razón instrumental del mercado y la propiedad. Se mata por defender
las cosas. Se asesina por una orden de un inmediato superior. Se agrede al
pueblo porque fue una orden presidencial. Si en la modernidad los seres humanos
no asumen las responsabilidades de sus propios actos, absolutamente todo será
justificado en nombre de la propiedad. La dinámica positivista entre civilización
y barbarie es eliminada por los mismos capitalistas cuando se trata de defender
la propiedad. Al fin y al cabo, importa más un celular que la vida de aquel
hombre que robó, probablemente, por llevar un pan a la mesa de su hogar.
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Sobre el autor: John
Piedrahita es Politólogo por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente
estudia una Maestría de investigación en Historia en la Universidad Andina
Simón Bolívar. Forma parte del equipo editorial de “Ni fu, ni Fa ¡El debate acá!”.
Es cofundador de ContraKultura Revista y articulista invitado en Revista Crisis.
Trabaja temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+ y la historia intelectual.
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