Milena Passos: “Seguimos bailando nuestra revolución: Despenalización parcial del aborto en Colombia”
Desde ayer estamos de fiesta. Una de
las principales reivindicaciones del movimiento feminista se hizo realidad en
Colombia. De realizarse hasta la semana
24 de gestación el aborto deja de ser un delito en Colombia, el tiempo más
largo en Latinoamérica. La decisión fue tomada por la Corte Constitucional
con una votación 5-4 gracias a la acción de constitucionalidad que presentó el
Movimiento Causa Justa, organización compuesta por más de 90 colectivas de
mujeres que exigen eliminar por completo el delito del código penal.
¿Cómo era antes?
El código penal colombiano (ley 599
de 2000) contempla el delito de aborto en su articulo 122 con una pena de
dieciséis a cincuenta y cuatro meses de prisión a la mujer que se causare su
aborto o permitiera que otro se lo cause. Aunque desde el 2006 por medio de la
sentencia C- 355 las mujeres tienen el derecho a interrumpir voluntariamente su
embarazo en tres causales: Cuando
peligra la vida o la salud de la madre, cuando se presenta malformación del
feto incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de abuso,
violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. Todavía el aborto era criminalizado y en
muchas ocasiones negado por los centros de salud.
La condición de ilegalidad de la
practica restringe el ejercicio del derecho; condicionando la voluntad de las
mujeres a la determinación que el centro de salud tome al respecto. Para no
verse en la difícil situación de explicar, a instituciones en muchas ocasiones
conservadoras, cómo un embarazo no deseado afecta su salud física y mental,
muchas mujeres se niegan a acudir a un centro de salud, prefiriendo recurrir a
lugares clandestinos. En definitiva, mantener la criminalización del aborto
aleja a las mujeres del sistema de salud y las conduce a tomar métodos o
clínicas ilegales que ponen en peligro su vida.
¿Qué se logró?
La corte consideró inconstitucional
el aborto hasta la semana 24 y luego de estas semanas siguen operando las 3
causales que recoge la sentencia C 355 de 2006. Después de México y
Argentina, Colombia es el tercer país en tomar una decisión de este tipo, y es,
además, el país latinoamericano que contempla el mayor tiempo de protección a
las mujeres en estado de gestación que deciden interrumpir su embarazo.
Este gran logro es el resultado de un
enorme trabajo colectivo de mujeres a largo y ancho y del país. Según el
informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres en Colombia cerca de
400.000 abortos se realizan anualmente de los cuales menos del 10%
son llevados a cabo en instituciones legales, haciendo de la ilegal
interrupción voluntaria del embarazo la cuarta causa mortalidad materna;
además, cerca de 400 mujeres son juzgadas cada año por abortar.
El fallo constituye un gran avance en
garantías para las mujeres que se encuentren vinculadas a un proceso penal por
el delito de aborto, pues deberán ser desvinculadas de estas investigaciones o
su condena revocada. Tratándose de
materia penal, se aplica el art 29 constitucional de favorabilidad penal.
¿Por qué seguiremos
luchando?
El aborto no es un
delito:
La Corte no eliminó el delito de
aborto del código penal, de modo que la discusión sigue estando parcialmente en
el orden de lo punitivo. Lo que continúa reforzando la estigmatización sobre
las mujeres que ejercen su derecho constitucional a decidir.
De acuerdo con las declaraciones de
Ana Cristina Gonzales, medica vocera de Causa Justa, uno de los principales
argumentos para exigir la despenalización del aborto fue la penalización como
ultimo recurso o la última ratio: “Cuando
se establece un delito, la sociedad espera que el / la actora se resarza ante
la sociedad, la pregunta es ¿qué espera la sociedad que las mujeres le
devuelvan al interrumpir un embarazo?, ¿la promesa de la maternidad? ¿la
maternidad obligada? ¿el embarazo no deseado?”; se trata de una tipificación
contraproducente y discriminatoria, puesto que no impide que las mujeres que
han decidido abortar lo hagan. Por el contrario, la tipificación del aborto
las pone en peligro al recurrir a métodos en contextos de ilegalidad, sin
olvidar que quienes resultan mas afectadas son las mujeres jóvenes, con escasos
recursos y de zonas rurales o apartadas de los centros urbanos.
Será ley, ¡seguimos
luchando!
Según una nota de prensa, la Corte exhortó al Gobierno y al Congreso
para que, “sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la decisión”, implemente
las medidas necesarias para proteger este derecho constitucional de las
mujeres, a través de la implementación de una política pública integral que
incluya:
(i) La divulgación clara de las opciones
disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo.
(ii) La
eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos que se reconocen en esta sentencia.
(iii) La
existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación.
(iv) El desarrollo
de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para
todas las personas.
(v) Medidas de
acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre
otras.
(vi) Medidas que
garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que
desearon abortar.
Frente a un Congreso -en la actualidad conformado por mayorías conservadoras- este
escenario implica fortalecer los espacios de movilización popular feminista que
defiendan las conquistas obtenidas. Muestra de este gran desafío son las
propuestas del presidente del Congreso, el senador conservador Juan Diego
Gómez, quien no espero un solo día para con basto desatino sugerir “discutir un referendo para que sea la
ciudadanía la que se pronuncie sobre si está o no está de acuerdo con la
despenalización total de esta práctica”, olvidando completamente el principio constitucional
que dicta que los derechos fundamentales no pueden bajo ninguna
circunstancia someterse al voto de las mayorías.
Pese a esta protección
constitucional, y el amparo de la Corte, el movimiento feminista es consciente
de quienes somos las actoras de estas conquistas. Hace años lo sabemos “bastará
una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres
vuelvan a ser cuestionados”
y por ello no bajamos la guardia.
¡Alerta
que camina la lucha feminista por América Latina!
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Sobre la autora: Milena Passos Blanco,
colombiana activista feminista. Abogada de la Universidad de Nariño,
Especialista en Políticas Públicas para la promoción de la Igualdad en América
Latina y el Caribe, becaria de la Maestría de Investigación en Derecho de la
Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) y de la Maestría en Derechos Humanos
de la Universidad Autónoma San Luis Potosí (México). Investigadora activa del
Grupo Especializado de Conocimiento en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
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