Luego de una década de dictaduras, Ecuador inició los gobiernos constitucionales en 1979. Pero a partir de la crisis de la deuda externa (1982) y tal como ocurriera en los otros países latinoamericanos, su economía fue forzada a seguir el recetario del FMI a través de sucesivas cartas de intención y en la década de 1990 se sujetó al Consenso de Washington. De esta manera, por sobre las ideologías de los distintos gobiernos, durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, se impuso el camino neoliberal. Las consecuencias de ese modelo, además de la agresiva concentración de la riqueza, se han visto en el sistemático deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, como lo prueban las estadísticas oficiales y de entidades internacionales como la CEPAL. En semejantes circunstancias, Ecuador vivió permanentes manifestaciones y protestas populares, además de por lo menos 4 grandes movilizaciones indígenas. También se agravó la desinstitucionalización y se afectó la estabilidad constitucional, a tal punto que en la década 1996-2006 hubo 7 gobiernos, una efímera dictadura y 3 presidentes electos fueron derrocados.
Después de la
década gubernamental de Rafael Correa (2007-2017), identificado con el primer
ciclo de gobiernos progresistas y de nueva izquierda en América Latina, el
sucesor Lenín Moreno (2017-2021) dio un giro total: abandonó la “Revolución
Ciudadana”, desprestigió y persiguió a todo lo que significara “correísmo”,
logró el juzgamiento de escandalosos casos de corrupción, pero ante todo
recobró el camino neoliberal, suscribió un macro acuerdo (SAF, 2019) con el FMI
y recuperó el espacio de poder económico e influencia política de las elites
empresariales y ricas del país, además de contar con el respaldo de los
partidos identificados con la derecha y ser blindado con el soporte que le dio
la gran prensa del país. Nuevamente la riqueza se reconcentró, mientras se
deterioraban empleo, desempleo, pobreza y desesperanza, acompañados con la
ruina de los bienes y servicios públicos, junto a la literal paralización de
las inversiones estatales. Moreno ni siquiera atendió la vacunación general,
cuando se extendió la pandemia del Coronavirus en 2020. En octubre de 2019, se
produjo una enorme movilización indígena y popular que paralizó al país. La
brutal represión gubernamental ha merecido tres informes sobre violaciones a
los derechos humanos (CIDH, NNUU, Comisión Defensoría del Pueblo), pero la
impunidad se mantiene hasta el presente.
El triunfo
presidencial de Guillermo Lasso para un período de cuatro años (2021-2025) fue
recibido con alivio y esperanza por sus votantes. Pero fue singularmente
beneficioso para las derechas económicas y políticas que, si bien durante el
gobierno de Moreno ya lograron crear un bloque de poder dominante, confiaron en
consolidar su hegemonía con un presidente que provenía directamente de sus
filas. De modo que Lasso no solo dio continuidad al modelo económico
empresarial-neoliberal recuperado por Moreno, sino que lo afirmó durante su
primer año de gestión, en el cual lo más destacable fue la exitosa y rápida
vacunación a la población nacional. Si bien se produjo la mejoría de algunos
índices económicos, los resultados sociales continúan deteriorados y algunos
empeoraron.
En tales circunstancias, la polarización social que provoca el modelo empresarial-neoliberal, como ya se experimentara en las décadas finales del siglo XX, junto al privilegio que se ahonda en favor del bloque de poder reconstituido, inevitablemente condujo a protestas y manifestaciones, hasta el estallido de la movilización indígena promovida por la CONAIE a partir del 13 de junio, acompañada por amplios sectores y organizaciones. En ausencia de políticas sociales desde el Estado y una situación económica desesperante, la CONAIE planteó una demanda de 10 puntos que, en esencia, chocan con el modelo de economía tan beneficioso para el sector privado, pero no para la población. Al provenir de “los indios”, como ocurriera igualmente en el pasado, las pasiones clasistas y racistas en su contra también estallaron. La escalada entre protestas, violencia y represión se volvió indetenible. Y, al mismo tiempo, el hecho de que UNES (“correísmo”) haya planteado en la Asamblea Nacional la destitución constitucional del presidente, algo que no se logró, tiene que ser observado como parte de las estrategias por el poder que juegan los partidos políticos institucionales, con sus propias dinámicas de cálculos e intereses.
En los dos
“frentes” obviamente el gobierno de Guillermo Lasso jugó sus propias
estrategias. Finalmente se negó al diálogo con Leonidas Iza, presidente de la
CONAIE, a quien permanentemente ha descalificado; mientras en forma directa
atribuye al “correísmo” un afán conspirador y antidemocrático. Desde luego, en
el camino, nuevamente la brutal represión y la persecución resurgieron. Ha
quedado el dolor de las víctimas.
Sin embargo,
el jueves 30 de julio, tanto la CONAIE, como la FEINE y la FENOCIN (el conjunto
de las organizaciones indígenas y campesinas), junto con los delegados del
gobierno y contando con la mediación de la iglesia católica, acordaron
continuar el diálogo interrumpido. Han concluido con la suscripción de un acta
inicial y se trabajará en mesas técnicas sobre el conjunto de las demandas,
todo lo cual será evaluado dentro de 90 días. Ha sido un paso de avance en tan
complejo problema. De todos modos, con un sólido bloque de poder que lo
respalda, es difícil pensar que el gobierno de Lasso se encuentre “debilitado”.
El acuerdo alcanzado es una fórmula de paz en la dramática coyuntura vivida,
porque el problema de fondo subsiste: el modelo empresarial-neoliberal (además,
históricamente caduco en el mundo, pero que en el país es todavía un ideal)
genera polarización, conflictividad, riesgo institucional, beneficios para
elites económicas y sociales, y poder plutocrático revestido como democracia.
Fotografías: Montse Rivera.
Artículo original en "NODAL": https://www.nodal.am/2022/06/ecuador-dias-de-drama-y-fuego-por-juan-j-paz-y-mino-cepeda-especial-para-nodal/
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Sobre
el autor: Juan Paz y Miño es Doctor en Historia Contemporánea por la
Universidad de Santiago de Compostela; Doctor en Historia por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociales (PUCE). Ha estado vinculado como Profesor Titular e Investigador de la
PUCE, en la Facultad de Economía, a cargo de las cátedras de Historia Económica
de América Latina y del Ecuador.
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