Anthony Pozo Barrera: "Más leyes, más poder, menos resultados, la “victoria” del SI en la consulta popular y referéndum de 2024 en retrospectiva"

 

Resumen

El presente documento examina los resultados del gobierno de Daniel Noboa tras la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, evidenciando que, pese a haber obtenido un amplio respaldo ciudadano y mayores facultades legales, su gestión ha sido marcadamente ineficiente. Las reformas en seguridad, justicia y control del crimen no se tradujeron en mejoras tangibles: la violencia aumentó, los homicidios alcanzaron niveles históricos y Ecuador se consolidó como una de las principales rutas mundiales del narcotráfico, especialmente mediante exportaciones agrícolas contaminadas. En justicia, la creación de nuevas dependencias constitucionales amplió la estructura burocrática sin resolver la lentitud procesal ni la falta de confianza ciudadana. A nivel fiscal, la consulta significó un gasto público de USD 60 022 933,86, cuyos resultados no justifican la inversión. En síntesis, el gobierno posee más leyes, recursos y poder, pero sigue siendo un ejecutor ineficiente, incapaz de transformar esas herramientas en políticas efectivas. Paradójicamente, las preguntas rechazadas por el pueblo —sobre arbitraje internacional y contratación por horas— resultaron ser las únicas decisiones acertadas, evitando la pérdida de soberanía y la precarización laboral. El problema, por tanto, no es normativo: es de gestión.

El mito del gobierno eficiente

El referéndum y consulta popular del 21 de abril de 2024 fueron presentados por Daniel Noboa como el punto de inflexión para transformar Ecuador. Una oportunidad para —según su discurso— “dar al Estado las herramientas que necesita para derrotar al crimen, modernizar la justicia y recuperar la confianza ciudadana”.
Ganó. Nueve de once preguntas fueron aprobadas. El gobierno tuvo legitimidad, recursos y respaldo social. Pero un año y medio después, la realidad muestra otra historia: no era cuestión de herramientas, sino de quién las usa. El Estado ecuatoriano tiene hoy más facultades que nunca, y, aun así, los resultados siguen siendo pobres. El verdadero problema no es la ley: es la incapacidad de ejecutarla.

 

Seguridad: el músculo sin cerebro

El gobierno presume logros:

1.       135 toneladas de droga decomisadas.

2.       Más de 160 000 operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas.

3.       Un presupuesto de seguridad de más de USD 4 000 millones en 2025.

Pero la violencia sigue desbordada:

1.       Los homicidios aumentaron 40 % entre enero y julio de 2025.

2.       Ecuador cerrará el año con una tasa cercana a 52 asesinatos por cada 100 000 habitantes, la más alta de su historia.

3.       Los puertos del país siguen siendo plataforma mundial de exportación de cocaína:

a.       En Rusia, 1,5 toneladas fueron halladas en cargamentos de banano ecuatoriano.

b.       En Bélgica y España, las autoridades europeas interceptan contenedores con origen en Ecuador casi cada semana.

El país se ha convertido en un laboratorio de represión sin estrategia: más armas, más uniformes, más gasto… y la misma sensación de inseguridad. El gobierno tiene las herramientas, pero no la capacidad de administrarlas.

Justicia: más edificios, misma lentitud

La pregunta C del referéndum prometía modernizar la justicia con tribunales constitucionales especializados. Un año y medio después, la reforma se tradujo en 167 nuevas dependencias creadas por resolución del Consejo de la Judicatura.
El logro administrativo es innegable; el resultado, decepcionante. Los procesos judiciales siguen siendo lentos, la congestión persiste y la confianza en la justicia no mejora. El aparato se amplió, pero la eficiencia no. El problema nunca fue la estructura, sino la falta de gestión efectiva.

La factura económica de la ineficiencia

Además de los resultados pobres, la consulta tuvo un costo millonario. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de USD 60 022 933,86 para su ejecución: papeletas, logística, seguridad y campañas oficiales. Se gastaron más de 60 millones de dólares del erario público con la promesa de cambios estructurales.
Hoy, esa inversión no tiene retorno social visible. Ni la violencia disminuyó, ni la justicia mejoró, ni la gente se siente más protegida. En términos económicos, la consulta fue un gasto político con rendimiento nulo.

El verdadero diagnóstico: un Estado sin gestión

El gobierno de Noboa es la prueba de que no basta tener leyes ni apoyo popular si se gobierna con improvisación. Las reformas penales endurecieron la ley, pero no el control. La modernización judicial amplió la estructura, pero no la eficiencia. La política de seguridad incrementó los operativos, pero no la seguridad.
Ecuador tiene hoy más herramientas legales que nunca, pero sigue atrapado en la ineficacia. El problema no está en los decretos ni en la Constitución: está en la gestión, en la falta de planificación, de ejecución, de liderazgo.

Conclusión: más poder, menos país

El referéndum de 2024 fue vendido como el inicio del cambio. Terminó siendo una radiografía del fracaso operativo del poder. Ecuador entregó al gobierno más facultades, más presupuesto y más confianza… y recibió a cambio más inseguridad, más burocracia y más desilusión. No hay reforma que funcione si quienes gobiernan no saben ejecutar. Las leyes pueden multiplicarse; los resultados, no. En este gobierno, el poder creció, pero el país no.

Y el 'NO' tuvo razón: la ciudadanía evitó un daño mayor

En medio del entusiasmo oficialista de 2024, dos preguntas fueron rechazadas:

-          D. Permitir el arbitraje internacional en controversias inversión-Estado.

-          E. Autorizar la contratación laboral por horas o a plazo.

En aquel momento, el rechazo fue tildado de 'retrógrado'. Hoy, a la luz de los resultados de la gestión Noboa, se entiende como un acto de lucidez colectiva. Si el gobierno, con todas las herramientas que sí obtuvo, ha sido incapaz de ejecutar políticas básicas de seguridad y justicia, ¿qué habría ocurrido si además se le hubiera entregado poder para desregular el trabajo o abrir la puerta a tribunales internacionales?
La victoria del 'NO' fue, en retrospectiva, el único freno sensato en una ola de reformas que amplificaron el poder sin mejorar la gestión. Fue el límite ciudadano a un gobierno que demuestra, cada día, que el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de capacidad.

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Sobre el autor: Anthony Pozo Barrera es un Economista ecuatoriano graduado de la Universidad Central del Ecuador, es Magister en Economía del Desarrollo por FLACSO-Ecuador e investigador independiente. Actualmente cursa un Doctorado en Economía del Desarrollo en FLACSO-Ecuador. Es autor de artículos académicos publicados en revistas indexadas locales e internacionales. Sus líneas de investigación son: teoría monetaria con énfasis en regímenes monetarios dolarizados, dinámicas productivas, evaluación de impacto, economía política del desarrollo y política industrial. Es Profesor Titular del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Quito - Ecuador.

Fuentes consultadas

- Consejo Nacional Electoral (CNE) – Presupuesto oficial de la Consulta Popular 2024 (Ecuavisa, abril 2024).

- Registro Oficial Suplemento N.º 599 (12-jul-2024) – Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum.

- Ministerio del Interior – Balance de Seguridad 2024-2025: Operativos, homicidios e incautaciones.

- Ministerio de Defensa Nacional – Reporte Operativo Plan Fénix 2024-2025.

- Proforma Presupuestaria 2025 – Ministerio de Economía y Finanzas: Gabinete de Seguridad.

- Consejo de la Judicatura – Resolución 083-2025: creación de dependencias constitucionales especializadas.

- Le Monde (15-may-2025) – 'Ecuador, plagued by narco-bananas trafficking'.

- The Moscow Times (19-sep-2025) – 'St Petersburg customs seize record cocaine shipment hidden in banana cargo'.

- Reuters (jul-oct 2025) – Informes sobre incremento de homicidios y violencia criminal.

- World Customs Organization (jun 2025) – Report: Infiltration of maritime cargo supply chains.