"La educación pública es un derecho de todos los ecuatorianos, no un costo ni un egreso"

Recientemente, la proforma presupuestaria ha evidenciado un cambio en la inversión en educación pública, con una reducción de 99 millones de dólares para el próximo año. Se trata de un recorte escandaloso que afecta a las universidades públicas del país. Incluso la Universidad Amawtay Wasi, institución pública con un enfoque intercultural, anunció públicamente que reduciría en un 70 % sus actividades técnicas.

Este cambio tan drástico en la inversión pública, que implica una afectación directa a la calidad de la educación, no solo compromete el derecho de los estudiantes —a quienes la sociedad ha decidido destinar parte de sus impuestos para garantizar el acceso y la calidad de la educación superior pública—, sino también el derecho al trabajo de miles de docentes y trabajadores administrativos de estas instituciones.

Desde hace un tiempo ha habido declaraciones de voceros y adeptos del gobierno que han manifestado su intención de desaparecer la educación superior pública. ¿A qué obedece esto? El sacrificio de derechos nunca surge de la nada.

Las razones parten de un modelo de gobierno que responde a la idea de reducir el Estado al mínimo, donde no solo se achican las obligaciones gubernamentales, sino también su campo de actuación. Esto genera un mayor espacio para la actuación del sector privado; es decir, se privilegia el negocio por encima de lo humano.

No sorprende esta decisión, pues dicho modelo no solo beneficia a aquellos sectores económicos de los que proviene el presidente Daniel Noboa, sino que además constituye una imposición geopolítica. Recordemos que, recientemente, posterior al anuncio del recorte presupuestario, el Fondo Monetario Internacional desembolsó 620 millones de dólares a favor del gobierno de Noboa, lo que eleva la deuda pública a más de 5.000 millones de dólares. Un aparente incentivo financiero para el país.

Lo que realmente ocurre tras bambalinas es la intervención de potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, que buscan moldear un país dependiente, sin iniciativa, sin ciencia, sin tecnología; en definitiva, una mina de oro, un deudor más para su banca y, por supuesto, una tierra destinada a volverse infértil.

El panorama se vuelve claramente lúgubre. Sin embargo, la educación sigue siendo un derecho, y la Constitución exige no solo su existencia, sino también su incremento financiero proporcional cada año, lo que lo convierte en un derecho progresivo y, por tanto, prohibida su regresión.

Asimismo, los derechos laborales son inherentes a los servidores públicos —docentes y administrativos— quienes, mediante su trabajo, construyen un proyecto de vida, alcanzan logros personales y sostienen la vida digna propia y de sus familias.

En conclusión, la decisión gubernamental de reducir el presupuesto no responde a una necesidad humana, sino a una lógica geopolítica que impone un modelo gubernamental reduccionista del Estado. Esto impacta directamente en la falta de innovación científica y prolonga un modelo económico extractivista, endeudado y dependiente de una potencia extranjera.

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Sobre el autor: Ni fu, Ni fa ¡El debate acá! Es un medio de comunicación digital, alternativo, militante y popular. Nuestro periodismo está enfocado en los fenómenos políticos coyunturales del Ecuador y del mundo. Asimismo, consideramos que el debate y el diálogo son herramientas críticas para la construcción de una opinión pública democrática